Hace unos días, nos quedamos mi colega J. y yo a mitad de camino de un debate acerca de hasta dónde podía llegar el derecho de los padres a escoger libremente la educación de sus hijos (como se verá, los abogados debatimos sesudamente hasta a la hora del café). Quedó el tema aplazado, pero leo ahora que el Gobierno ha aprobado la polémica reforma de la ley del aborto y me vuelve a la cabeza el problema de las relaciones entre ciencia y conciencia, ley jurídica y ley moral.
Que vivimos en un país donde el aborto está legalmente permitido, con ciertos límites legales más o menos susceptibles de ser soslayados, es un hecho incontrovertible. Que se trata, además, de un mal socialmente aceptado de forma mayoritaria como necesario en ciertas situaciones, también, o al menos así me lo parece. La cuestión que se plantea ahora es si debe adaptarse la legalidad vigente a un estado social de las cosas aparentemente más tolerantes que ella, y si quienes sostienen creencias religiosas y o morales contrarias a la interrupción voluntaria del embarazo tienen o no derecho a imponerlas a quienes no las comparten, o a exigir al Estado que las imponga.
Esta es una columna de opinión y, como tal, procederé en primer lugar a expresar la mía sin tapujos: estoy totalmente en contra de la ampliación de los supuestos de interrupción voluntaria del embarazo que se pretende mediante la reforma aprobada, y creo que el Gobierno no está legitimado para promoverla en absoluto. Estas afirmaciones no derivan tan solo, pese a tratarse de una opinión, de mis creencias personales. Están, modestamente, fundadas en un análisis jurídico – constitucional y práctico del problema.
Desde el primero de los aspectos, la ampliación de los supuestos del aborto que se pretende, unida al suministro indiscriminado de medicamentos interruptivos sin control facultativo alguno incluso a personas menores de edad, me parecen difícilmente compatibles no ya solo con los derechos fundamentales a la vida y a la integridad física y moral, sino con los fundamentos del orden jurídico y social que la norma constitucional: la Dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherente y el libre desarrollo de la personalidad.
¿Por qué me parecen incompatibles? Porque sin respeto a la vida y a la necesaria formación previa a la madurez de toda persona no pueden existir dignidad, derechos ni libre desarrollo, inicial y ulterior, de la personalidad, y ese respeto a la vida debe entenderse extensivo a la ya concebida, que desde el punto de vista jurídico tiene desde el derecho romano una tutela civil para las cuestiones patrimoniales (los llamados derechos del nasciturus) que exige una mayor tutela legal para las cuestiones relativas a su integridad.
Y, en cuanto a los aspectos prácticos del problema, acabo de visionar con notable alarma un documental cuyos datos, si bien no contrastados por mí, alertan del descenso de la natalidad en Europa en general, y España en particular, anticipando como consecuencia la una desaparición de nuestra cultura en el medio plazo. Lo cual, unido a razones sentimentales derivadas de mi propia experiencia personal, me hace creer más aconsejable en este momento para cualquiera, llegado el caso, formar una familia, centrarse y empezar a devolver, o compensar, a sus hijos lo recibido, o no, de sus ascendientes, e indirectamente así a la sociedad en que vivimos, en lugar de inmolar una vida futura a un presente ego irresponsable.
Ahora bien, no me parece coherente que la oposición a la ampliación de los plazos no reconozca y asuma la necesidad y conveniencia, debidamente supervisada, de la legislación ya existente, consentida por tirios y troyanos desde su aprobación. Ni me parece sensato pretender darnos las sopas sin sorber, censurando los métodos anticonceptivos preventivos que, debida y responsablemente empleados, solucionan de forma más que justa y necesaria buena parte de los problemas. En estos extremos sí que me parece totalmente aceptable que frente a una normativa permisiva cada cual, según su creencia y o conciencia, decida si se acoge a estas opciones o no, respetando el derecho de los demás a escoger libremente también.
