Obviamente, las decisiones políticas tendentes a incrementar el esfuerzo fiscal de los contribuyentes son siempre discutidas y discutibles, especialmente en tiempos de crisis y muy particularmente si su imposición no es uniforme, o grava a unos colectivos de forma desproporcionada e injusta en relación al servicio determinante de la tasa impuesta, como sucede con la tasa al transporte por carretera destinada a financiar los servicios de salud pública (el llamado “céntimo sanitario” previsto en el artículo 6 del proyecto, modificación del artículo 41 e introducción de dos nuevos artículos 41 bis y 41 ter en el Texto Refundido de las Disposiciones Legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de Tributos cedidos por el Estado).
El recurso al blindaje de este tipo de decisiones mediante su adopción por las cámaras legislativas, a fin de prevenir sus eventuales impugnaciones ante la jurisdicción contencioso administrativa, se puede sortear mediante su impugnación indirecta, es decir mediante la impugnación de los actos de aplicación de las mismas, en este caso de las sucesivar exacciones del tributo.
Una estrategia concertada y generalizada de impugnación judicial de los actos de aplicación por los sectores afectados sería mucho más efectiva para convencer a los representantes políticos, a fin de reconsiderar su decisión, que cualquier otra movilización mediática de contundencia más aparente que real. En los tiempos que corren, las revueltas fiscales han de ser judiciales, o de lo contrario lo mejor es quedarse en casa.
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