Esta situación, generalizada en las administraciones públicas españolas, obliga a tomar decisiones presididas por la austeridad y el valor, más allá de las consecuencias políticas que una drástica reducción del gasto y las inversiones pueda tener.
La temeridad con que se ha derrochado el dinero público tiene un impacto fatal en la economía de las empresas y los autónomos, que tienen que competir en desventaja con las administraciones para tratar de acceder a las escasas líneas de crédito subsistentes en el sector financiero.
Si las cantidades que obtengan las administraciones por esta vía se dedican realmente a pagar las obligaciones pendientes, bien estará.
Pero si va a seguir la espiral de inversiones absurdas, proyectos faraónicos y demás derroches, mejor que se vaya cada uno para su casa.
Y por cierto: hasta el 31 de diciembre el equipo de gobierno sigue a tiempo de denunciar las irregularidades que se hayan podido encontrar. Pasado ese plazo, la herencia envenenada quedará en sus manos, y los autores de los desmanes serán los primeros en denunciarlos.
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