Pocos hubieran sospechado hace unos meses que, a menos de cien kilómetros de Palencia, un barrio de la ciudad cuyo nombre da nombre a las ciudades estaría hoy en las cabeceras de todos los medios de comunicación, escenificando la enésima ruptura entre la ciudadanía y la clase política española. El barrio de Gamonal, durante siglos municipio independiente de la ciudad de Burgos a la cual tuvo finalmente que resignarse a ser anexionado, entre otras razones debido a su dependencia de ésta en cuanto al suministro de agua, tiene una larga tradición de activismo y asociacionismo, “… un barrio muy popular, de clase trabajadora, muy concienciado, afectado por el paro y por tanto con muy pocos recursos …”, como se deduce de los trabajos de la geógrafa Begoña Bernal, la socióloga Mónica Ibáñez o el Profesor del IES Félix Rodríguez de la Fuente, por si tenéis interés en ampliar vuestros conocimientos al respecto.
Arde Gamonal en el sentido más literal de la palabra, arde en los medios y en la red donde distintas fuentes favorables y desfavorables al proyecto de un bulevar y aparcamiento subterráneo exponen sus puntos de vista, polemizan y se acusan mutuamente, los unos a los opuestos por recurrir a la violencia y mezclar, precisamente en Burgos, las “churras” de un proyecto recogido en el programa electoral de una corporación municipal democráticamente elegida con las “merinas” de los recortes y sacrificios exigidos a los ciudadanos so pretexto de la crisis económicas, los otros a los partidarios reprochándoles derrochar 13 millones de euros privando a los vecinos de más de doscientas plazas de aparcamiento gratuito, a fin de satisfacer las aspiraciones de numerosos comerciantes de la zona, partidarios del proyecto, y sostener la actividad empresarial de los constructores de la ciudad, con quienes el actual Alcalde podría tener, o haber tenido, relaciones excesivamente cordiales siendo Concejal de Urbanismo.
Desbordado por la situación, el Ayuntamiento de Burgos ha decidido paralizar provisionalmente las obras, cediendo al menos en apariencia si bien ciertas decisiones son difícilmente susceptibles de revocación, salvo acudiendo a los medios legales oportunos (al parecer el PSOE de Burgos recurrió la adjudicación del proyecto, pero no me consta que haya acudido después al contencioso).
En un estado democrático de derecho, las decisiones de los poderes públicos son legítimas siempre que se adopten por quienes hayan obtenido democráticamente la mayoría necesaria para hacerlo y sean conformes a la legalidad vigente. En honor a la verdad, el proyecto de la corporación municipal burgalesa, previamente recogido en el programa electoral del Partido Popular, cumple ambos requisitos, y no es legítimo, en consecuencia que una minoría en la ciudad, por muy mayoritaria que sea en el barrio, pretenda impedir su ejecución, ni mucho menos si a tal fin recibe, voluntaria o involuntariamente, el apoyo de personas partidarias de los métodos violentos de resolución de los conflictos.
Pero si los argumentos de los disconformes son razonables, en el contexto actual, y existe verdadera voluntad de encontrar una solución, las partes deben sentarse a intentar alcanzar un acuerdo asumiendo la posibilidad de renunciar a alguna de sus aspiraciones o reivindicaciones. En otro caso, quien lo haga vencerá por tener la razón de fuerza, pero no convencerá, por carecer de la fuerza de la razón.
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